Aunque este megaproyecto de 800.000 millones de
pesos ya alcanzó su primera fase, no se sabe con certeza si continúan los
trabajos. El aparente culpable: una licencia ambiental que aunque otorgada en
el año 2002 por Cornare (estamento ambiental elegido para tal cometido)
mediante decreto 1753 de 1994, y derogada en el 2009 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia Sala Séptima a petición de los ambientalistas que
afirman no estar de acuerdo con la obra ya que acabaría con la fauna y flora
existente en el lugar. Pero además, por no haber garantías suficientes en los
estudios ambientales realizados para prevenir este hecho.
El principal objetivo del túnel es unir el Valle de
Aburrá (Medellín) con el Valle de San Nicolás (Santa Elena) para afrontar un
problema de movilidad vehicular que, a futuro, se podría presentar. Se dice
"a futuro" por el momento en que se gestó el proyecto: 1966. Hoy en
día los dos valles están comunicados. Entonces, ¿para qué hacer un túnel y
sacrificar el equilibrio ambiental y social que ancestralmente ha permanecido
en el sector, el cual es rico en agua y otros tantos recursos?
Opositores como Javier Márquez de la Corporación
Penca de Sábila, creen que se trata de un negocio "puro y duro. No
encuentro otra explicación y hemos demandado al Ministerio Público y a la
Superintendencia de Industria y Comercio que revise muy bien esta empresa y el
contrato"; también, señala Márquez, de "un embeleco de empresas
Antioqueñas, y amplia y falazmente defendido por la Sociedad Antioqueña de
Ingeniería, que acudiendo a los más peregrinos argumentos regionalistas, como
afirmar que quien ataca el Túnel ataca a Antioquia como si la región fuera un
monolito y en ella los supremos intereses solo son defendidos por los
industriales, los banqueros, los cementeros, los constructores, es decir por
quienes han impuesto un modelo de desarrollo que no considera para nada los
límites naturales, las prioridades vitales, como conservar el agua pensando no
solo en el presente sino también en el futuro y en las futuras
generaciones".
El contrato, ganado por licitación pública por la
empresa Concesión Túnel de Aburrá Oriente S.A, fue firmado en 1997 sin existir
licencia ambiental alguna. Sólo había en ese entonces estudios de
prefactibilidad de la obra que como dicen sus contrincantes, no era suficiente
para ¿Pertenecerá al carrusel de las licitaciones?¿Y qué decir de la
licencia ambiental? No existe una todavía y ya la obra alcanzó su segunda fase.
"Desde la perspectiva jurídica, - indica Máquez
- desde la perspectiva ecológica, esta obra no debe ser construida, explico
porque: La resolución 0361 del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible
del 27 de diciembre de 2011 y que hemos puesto a circular ampliamente: “por la
cual se asume la competencia del proyecto” conexión vial Aburrá oriente “en
virtud de la facultad selectiva y discrecional consagrada en el numeral 10 del
artículo 2 del decreto 3570 de 2011 y se ordena a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA, expedir los actos administrativos de
suspensión de trabajos y actividades"."
"Estas operaciones - prosiguió - constructivas pueden provocar
fracturamiento de la roca o corte de una zona acuífera lo cual puede causar
cambios en la hidrología subterránea y/o superficial manifestado a través de cambios en los niveles de los
caudales de los drenajes de las quebradas superficiales y afectación de la
zonas de recarga hídrica. La ocurrencia
de este tipo de afectaciones va en detrimento del objetivo de creación de la
reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare".
Finalmente se ordenó la suspensión de la obra. Algunos dicen
que esta situación sólo perjudica a la comunidad, porque,
supuestamente, quien paga esa obra es la Concesión, entonces la comunidad ya no
tendría esta via de acceso. El diputado Jorge Gómez comentó en audiencia pública de febrero
de 2012 que el dinero lo aporta el Departamento de Antioquia y al contrario, la
Concesión no contribuye económicamente. De todas formas, directa o indirectamente el dinero debe salir de la gente.
Ahora o después. ¿O acaso a los productos que pasen por ese túnel no se les va
a aumentar el precio para cargarles el valor del peaje que deben cobrar los de la Concesión para recuparar la inversión?
Ahora está en manos de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales ANLA, un estamento que creó el Gobierno en 2011 para
otorgar las licencias ambientales, decidir si sigue o no.
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